sábado, 12 de marzo de 2016




Coral, A. (15/03/13). Solicitud de permiso ante oficina de trabajo para terminar contrato de empleado incapacitado, Tomado  el 11 de marzo del 2016 de 
https://www.youtube.com/watch?v=-dmiKUP6R7g

Según el vídeo, para poder realizar la terminación de contrato de una persona que esté en terapia o algún tratamiento  por causa de una enfermedad profesional o accidente el empleador debe esperar que está persona termine con dicho tratamiento, para que la ARL le pueda realizar una calificación para saber si esta persona va  a quedar con alguna limitarte temporal o definitiva se debe esperara a terminar el tratamiento o rehabilitan como se está hablando de una persona que ya tiene 3 años en rehabilitación  y la ARL no lo ha calificado, lo que debe hacer un empleador es realizar un derecho de petición a está empresa ,para así recibir una respuesta formal ,dependiendo de la respuesta de la ARL se mirara quien debe seguir cancelando lo correspondiente a la remuneración. 
También podemos agregar que para poder terminar el contrato laboral se debe pedir permiso a un inspector de trabajo que muy difícilmente dará esta autorización ya que el trabajador se encuentra en tratamiento o rehabilitan.

LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN A LA DISCAPACIDAD AL PASAR DE LOS AÑOS

Si bien antes del año 1980 contábamos con algunos cánones que intentaban abordar la discapacidad en Colombia, hoy encontramos mayor avance en la normatividad con la creación del Sistema Nacional de Rehabilitación: Decreto 2358 de 1981; con las disposiciones sobre Educación, Reeducación, Readaptación y Reubicación Laboral: Ley 50 de 1988 y Decreto 2177 de 1989; con el Código del Menor: Decreto Ley 2737 de 1989; con la Política de Prevención y Atención a la
Discapacidad: Documento Conpes 2761 de 1995; así como con las recomendaciones de los organismos internacionales (Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud- OMS, Organización Internacional del Trabajo-OIT, Declaración de Cartagena de Indias, Declaración de Salamanca, etc.). A pesar del adelanto debemos permanentemente avanzar en la mejora continua y difusión para su aplicación, como deber de la colectividad.

La normatividad vigente en el tema ratifica o reglamenta, entre otros, los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia del año 1991, a través de las Leyes 100 de 1993, 60 de 1993, 115 de 1994, 181 de 1995, 324 de 1996 y 361 de 1997.

De ahí que con la promoción y divulgación de la Cartilla “Normas Integrales de Protección a la Discapacidad en Colombia”, buscamos que los diferentes actores y partes interesadas repliquen su conocimiento, en defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

En cumplimiento del artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, que define como obligación del Estado y de los empleadores: “...ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”; el Ministerio de la Protección Social, a través de la Dirección General de Promoción del Trabajo, entrega hoy a la ciudadanía la Cartilla “Normas Integrales de Protección a la Discapacidad”, con el propósito de generar cultura en su aplicación y promoción, para la protección del interés público.

La presente edición contiene la normatividad de protección a la discapacidad, disposiciones laborales y su análisis, así como algunas consideraciones finales, que podrán contribuir a la consolidación de la política integral de discapacidad en Colombia.

 Anterior a la Constitución Política
• Decreto 2358 de 1981 “Por el cual se coordina el Sistema Nacional de Rehabilitación”.
• Ley 50 de 1988, Coordinación de la política de educación, reeducación y readaptación y reubicación laboral.

• Decreto 2177 de 1989.
Durante 1988, como consecuencia de la coordinación de las entidades de y para personas con limitaciones, el Gobierno Nacional ratificó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el convenio 159 sobre capacitación laboral, a través de la Ley 82 de 1988, la cual fue reglamentada con el Decreto 2177 de 1989, actualmente vigente:

REGLAMENTO SOBRE READAPTACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO
DE PERSONAS INVÁLIDAS - 1989

(Decreto 2177 de 1989, Parte 3)

CAPÍTULO III
DEL TRABAJO Y EMPLEO
Artículo 5° El Gobierno, dentro de la política nacional de empleo, adoptará programas permanentes y continuos, dirigidos a la creación de fuentes de empleo, por intermedio de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Educación Nacional, Salud y demás entidades gubernamentales que realicen actividades de educación especial, capacitación y rehabilitación.

Artículo 6° El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social desarrollará programas especiales de gestión de empleo para personas con limitaciones, rehabilitadas integral y profesionalmente y en condiciones de competitividad laboral, mediante el impulso de actividades y el diseño de mecanismos tendientes a estimular la creación de diversas formas de trabajo dependiente, la organización de formas asociativas, microempresas, grupos cooperativos y pre cooperativos en procura del trabajo independiente
Artículo 7° El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fomentará programas dirigidos a la información, orientación y promoción de personas inválidas que se encuentren rehabilitadas integral y profesionalmente. De igual manera, realizará campañas de promoción hacia empleadores públicos y privados, para que vinculen en sus puestos de trabajo a este tipo de población.
Parágrafo. Para los efectos a que se refiere el presente artículo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá acuerdos o convenios con instituciones debidamente reconocidas públicas y privadas que realicen actividades de rehabilitación profesional, de adelantar programas especializados de información, orientación y promoción

Ley 105 de 1993
Decreto 2369 de 1997
Ley 443 de 1998 
Decreto 2381 de 1993
Decreto 3011 de 1997
• Decreto 0672 de 1998
Ley 60 de 1993
• Ley 789 del 2002
• Decreto 1152 de 1999
Ley 115 de 1994
• Decreto 1660 del 2002
• Decreto 917 de 1999
Ley 163 de 1994
• Ley 762 de 2002
• Decreto 1128 de 1999
Ley 119 de 1994
• Ley 776 del 2002
• Ley 590 de 2000
Decreto No. 970 de 1994
• Ley 788 de 2002
• Ley 582 de 2000
Ley 181 de 1995
• Ley 790 del 2002 y su decreto reglamentario 190 del 2003
• Decreto 524 del 24 de marzo del 2000
CONPES 2761 de 1995
• Ley 797 del 2003
• Decreto Presidencial 276 del 2000
Ley 191 de 1995
• Decreto 827 
• Ley 633 de 2000
Decreto No. 692 de 1995
• Ley 1145 de 2007
• Ley 643 de 2001
Decreto 0114 de enero de 1996
• El Código Civil
• Decreto 641 de 2001
Ley 324 de 1996
• El Código Penal 
• Decreto 2463 del 2001
Ley 383 de 1997
Norma Técnica No. 4595
• Ley 715 del 21 de diciembre del 2001 
• Decreto 1660 de 2003
Norma Técnica 4596
• Resolución No. 000741 de 2005
• Decreto 2286 del 12 de agosto de 2003
Normas Técnicas 4732 y 4733
• Resolución No. 003636 de noviembre 25 de 2005
• Decreto 2340 del 19 de agosto de 2003
• Ley 934 de 2004
• Decreto No. 1445 de 2006
• CONPES 80 del 26 de julio del 2004
Convenio No.159 OIT.
• Decreto 975 de 2004
• Decreto 4433 del 2004
• Ley 982 de 2005
• Decreto 1538 del 2005





Ministerio De Proteccion Social Republica De Colombia. (2010). Normas Integrales De Proteccion A La Discapacidad En Colombia. Recuperado el 12 de marzo de 2016 .file:///C:/Users/usuario/Downloads/CartillaNormasIntegralesSobreDiscapacidad.pdf




jueves, 10 de marzo de 2016

ley 361 de 1997 no discriminación a persona en situación de discapacidad

La ley 361 de 1997 protege a las personas que se encuentran en estado de discapacidad. El artículo 26 trata sobre los contratos de trabajo: 

Articulo 26 : no discriminación a persona en situación de discapacidad:


“En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”(Ley 361 del 2007).



Según Guerrero, R . "En el articulo 7 del decreto 2463 del 2001,señala los parámetros de severidad de las limitaciones en los términos del artículo 5 de la Ley 361 de 1997; define que la limitación “moderada” es aquella en la que la pérdida de la capacidad laboral oscila entre el 15% y el 25%; “severa”, la que es mayor al 25% pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral y “profunda” cuando el grado de minusvalía supera el 50% ".

Cuando se presentan justas causas de despido:

El artículo 26 de la ley 361 de 1997 dice que los empleadores deben solicitar los permisos ala oficina de trabajo para proceder al despido,cuando se presenta justa causa de despido a un trabajador que se encuentre en protección de la estabilidad laboral reforzada.

"Requisitos que exige el Ministerio de Trabajo solo para presentar la solicitud son los siguientes:
· Copia de traslado de la petición al trabajador.

· Copia del contrato de trabajo o en su defecto manifestación expresa de la relación  laboral o de contrato verbal.

· Acreditar representación legal o poder debidamente otorgado en caso de apoderado para el trámite.

· Concepto, certificación o dictamen mediante el cual el tratamiento de rehabilitación culmino, o no existe la posibilidad de culminarse o no es procedente.

· Estudio del puesto de trabajo con el objeto de terminar si efectivamente en la  empresa existe o no un cargo acorde con el estado de salud del trabajador.

· Discriminación de los cargos existentes en la empresa.

· Descripción de las competencias o funciones de cada cargo o puesto de trabajo
relacionado con la nómina, versus el perfil, aptitudes físicas, sicológicas y técnicas
con las que debe contar el trabajador que va a desempeñar el cargo.

· Certificación de la ARL sobre la existencia de la empresa solicitante de los
programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo, relacionados con las
actividades laborales, para las que se está solicitando autorización.

· Cualquier tipo de documento mediante el cual el empleador puede haber agotado
todas las posibilidades de reincorporación o reubicación laboral mencionados y que
en los puestos existentes en la empresa empeorarían la condición de salud del
trabajador.

· Anexar copia si existe de las restricciones y/o recomendaciones del trabajador o
que definitivamente con base en las capacidades residuales del trabajador, no
existe un puesto de trabajo conforme a su estado de salud.

· Acreditar los nombres y direcciones de las diferentes entidades de Seguridad Social donde se encuentra afiliado el trabajador.

· Acreditar los últimos (3) meses de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

· Anexar al despacho la dirección exacta y actualizada del trabajador e indicar si este último se encuentra en condiciones físicas para comparecer al despacho para el normal trámite de la solicitud.

· Aclarar si el trabajador acudió a la jurisdicción ordinaria en defensa de sus derechos (Tutela) en caso afirmativo adjuntar copia.

· Si la discapacidad proviene de un accidente de trabajo adjuntar copia del reporte a la ARL.

· Certificado de existencia y representación legal de la empresa.
· Constancia de pago de incapacidad de los últimos (3) meses.

· Copia del estudio del Sistema de Gestión y Seguridad en Salud en el Trabajo.

· Sírvase manifestarle al despacho si el trabajador actualmente se encuentra laborando, ha sido despedido y/o su contrato ha sido terminado.

· Aportar, solicitar pruebas que los interesados consideren pertinentes y/o necesarias que conduzcan a esclarecer los hechos."



Según lo anterior el articulo 361 de 1997 esta destinada a la protección de personas  con alguna discapacidad o limitación  y para poder ser despedidos se debe pedir una autorización al ministerio de trabajo ,así se presente la justa causa par ello,se debe seguir unos puntos precisos a la hora de presentarse la solicitud al ministerio de trabajo, pero difícilmente este sera dado, ya que lo que busca el Estado es la protección,el respeto y el derecho al trabajo que estas personas tienen en debilidad manifiesta y discapacidad.










Ministerio de la Protección Social
República de Colombia 



AUTORIZACION PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA.

Si bien es clara la obligación y deber de todo empleador de reubicar a sus trabajadores y acatar las recomendaciones médicas cuando por el estado de salud así se determine, no es menos cierto que todo, trabajador, se encuentra en el deber de cumplir con sus obligaciones laborales, tal como lo establece el Artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo o estatutos de la empresa.

En el sector privado el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, establece las justa causas para la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador, y si el trabajador viola dicha norma y/o el reglamento interno de trabajo, comete un actos ilícito (robo), revela secretos técnicos, agrede al empleador o sus familiares, etc, y se encuentra incapacitado o en proceso de rehabilitación por enfermedad o accidente de origen común o profesional, para la terminación del contrato de trabajo, debe la empresa observar lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, solicitando previamente ante el inspector de trabajo del lugar de su domicilio, el permiso para el despido, anexar los soportes documentales que justifiquen el mismo, a fin de que se constate que obedece a una justa causa y no a la condición de salud del trabajador.

Se debe recordar que previo a la solicitud de despido del trabajador ante el inspector de trabajo, se debe verificar previamente el agotamiento del procedimiento interno (trámite disciplinario) por parte del empleador, establecido en el reglamento de trabajo articulo 104 y S.S. del Código Sustantivo de Trabajo y que en este se halla seguido el derecho fundamental al debido proceso artículo 29 de la Constitución Política.

Oído el trabajador, y establecida la justa causa de despido según la investigación que adelante el Inspector de Trabajo, y no estando en controversia el estado de salud del trabajador, se procederá a autorizar el despido, se deja en libertad a las partes de acudir a la justicia laboral ordinaria sobre la discusión del despido e indemnización correspondiente, por cuanto determinar o concretar dicho derecho es la competencia de los jueces.

En la autorización cuando el Inspector establece una justa causa en materia administrativa, no obliga al pago de la indemnización de los 180 días que determina la sentencia T-519 de 2003, por no estar en discusión el estado de salud del trabajador.

La consulta anterior, se atiende en los precisos términos del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual las respuestas dadas no comprometerán la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.

Cordialmente,






ANA MARÍA CABRERA VIDELA
Directora General de Riesgos Profesionales



Cabrera, V. Ana M. (28 de marzo de 2011).Concepto 0003440 de 06-01-2011.Recuperado el 10 de marzo de 2016 http://actualicese.com/normatividad/2011/01/06/concepto-0003440-de-06-01-2011/









Coral, A. (09 de agosto de 2010). Despido por terminación de contrato y/ o debilidad manifiesta. Tomado  el 10 de marzo del 2016 de 
https://www.youtube.com/watch?v=a1KHqACWtDA

Concepto 0003440


(Enero 6 de 2011)


PROTECCIÓN AL TRABAJADOR DISCAPACITADO O LIMITADO:

"En relación a la protección del trabajador discapacitado o limitado, la empresa no puede dar por terminado el vínculo laboral de un trabajador por el hecho de estar incapacitado, limitado o discapacitado, y al respecto se aplica el artículo 26 de la ley 361 de 1997, la Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por la Ley 762 de 2002 y la Sentencia C-531 del 10 de mayo de 2000 de la Corte Constitucional, consagran el fuero de discapacidad.

Al respecto el artículo 26 de la Ley 361/97, determina:

"En ningún caso la limitación de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o aclaren". (Subrayado del Despacho).
La Ley 361 de 1997, se aplica igualmente al trabajador incapacitado temporalmente, quien es un limitado o disminuido físico, sensorial y síquico, el cual esta enmarcado en el concepto de discapacitado, conforme al literal b) del artículo 7 del Decreto 917 de 1999, el cual señala:

" b) DISCAPACIDAD: Se entiende por discapacidad toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona."

Mediante las sentencias T-309 de 2005, T-661 de 2006 y T-687 de 2006, se ordena el reintegro de trabajadores vinculados mediante contratos a término fijo, que vieron disminuida su capacidad laboral como consecuencia de accidentes de trabajo y que fueron desvinculados por razón de su estado de salud
La Corte en la sentencia T-687 de 2006, consagra:

"… en ciertas circunstancias muy especiales el derecho a la estabilidad laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la terminación del contrato a término fijo por el vencimiento del plazo. En efecto, en aquellos contratos que materialmente corresponden a contratos a término indefinido, cuyas obligaciones han sido plenamente satisfechas por el trabajador, que han sido sucesivamente renovados y que satisfacen necesidades permanentes de la empresa, el trabajador tiene derecho a que el patrono no adopte la decisión de no renovar el contrato fundado en razones discriminatorias o con la intención de lesionar o impedir el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la asociación sindical. En estos casos, como se verá adelante, e/ derecho a la estabilidad en conexidad con el derecho a la no discriminación o con el derecho de asociación sindical, resulta plenamente aplicable. Sobre la garantía a la estabilidad laboral reforzada en los contratos a término fijo, la Corte ha señalado lo siguiente:

"(…) el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar e/ contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto "expectativa cierta y fundada" del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.

Dicho principio, ha dicho esta Corporación, implica que "más que las palabras usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma, importa. a los ojos de/juez y por mandato expreso de la Constitución, e/ contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en verdad la determinen."

En caso de discriminación por el estado de salud del trabajador, la Corte Constitucional mediante sentencia T-519 de 2003, señala la eventualidad del reintegro al trabajador despedido por su estado de salud, limitación o incapacitado temporalmente de la siguiente manera:


"En conclusión se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho fundamental a la estabilidad laboral: sin embargo, (ii) frente a ciertas personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (y) la tutela sí puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso correspondiente ".

ANA MARÍA CABRERA VIDELA
Directora General de Riesgos Profesionales



Cabrera, V. Ana M. (28 de marzo de 2011).Concepto 0003440 de 06-01-2011.Recuperado el 10 de marzo de 2016 http://actualicese.com/normatividad/2011/01/06/concepto-0003440-de-06-01-2011/

Concepto 0003440

(Enero 6 de 2011)
                               

 PASOS PARA AUTORIZAR UN DESPIDO A UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

“Es de manifestar que el permiso o autorización de despido de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, se debe solicitar ante el inspector de trabajo de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, el inspector de trabajo es el funcionario competente en primera instancia para autorizar la terminación de los contratos de trabajo en razón de la limitación física del trabajador, según el artículo 26 de la ley en mención:

·         El Inspector de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, en primera instancia.
·         En las capitales de departamento la segunda instancia o trámite del recurso de apelación lo adelanta el Coordinador del Grupo de Inspección y Vigilancia Preventiva, conforme al artículo 12 de la Resolución 951 de 2003.

Los inspectores de Trabajo del Ministerio de la Protección Social, en el trámite de autorización del trabajador limitado o discapacitado del artículo 26 de la ley 361 de 1997, se deben ceñir a unos lineamientos jurídicos trazados por el Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Laboral y el Código de Procedimiento Civil.

El término de la investigación administrativa para autorizar el despido de una persona limitada o discapacitada es de tres (3) meses conforme al artículo 40 del Código Contencioso Administrativo.

Para que una autorización del Inspector de Trabajo, sea viable los soportes documentales son los siguientes:

a) Concepto, certificación o dictamen mediante el cual el tratamiento de rehabilitación culminó, no existe posibilidad de culminarse o no es procedente.
b) Estudios de puesto de trabajo con el objeto de determinar si efectivamente en la empresa existe o no un cargo acorde a la salud del trabajador.
c) La discriminación de cargos en la empresa.
d) Un documento que describa las competencias o funciones de cada cargo o puesto de trabajo relacionado en la nómina, versus el perfil, aptitudes físicas, sicológicas y técnicas con las que debe contar el trabajador que va a desempeñar el cargo.

e) Cualquier tipo de documento mediante el cual el empleador pruebe haber agotado todas las posibilidades de reincorporación o reubicación laboral mencionados y que en los puestos existentes en la empresa, empeorarían la condición de salud del trabajador ó que definitivamente con base en las capacidades residuales del trabajador, no existe un puesto de trabajo para ofrecerle conforme a su estado de salud."


ANA MARÍA CABRERA VIDELA

Directora General de Riesgos Profesionales


Cabrera, V. Ana M. (28 de marzo de 2011).Concepto 0003440 de 06-01-2011.Recuperado el 10 de marzo de 2016 de http://actualicese.com/normatividad/2011/01/06/concepto-0003440-de-06-01-2011/

CASOS DE ÉXITO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN COLOMBIA


USAID/Acceso al Empleo. (16 de julio de 2012). Vídeo Casos de éxito personas con discapacidad.Recuperado el 10 de marzo de 2016 de https://youtu.be/GSzYuoQz9J4

ENTREVISTA - INCLUSION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD




Negocios. (25 de abril de 2013). Inclusion Laboral Para Personas Con Discapacidad. Recuperado el 10 de marzo de 2016 de https://youtu.be/xAryW0mCo7sINCLUSION LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

miércoles, 9 de marzo de 2016

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

El objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social -PPDIS, es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Dichos derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio tiene unas características físicas, económicas, culturales y políticas que le son propias y que configuran su particularidad, razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a dichas particularidades, siempre teniendo presente que el vínculo nación – territorio es el que permite que toda la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la inclusión plena de las personas con discapacidad.  
Temas relacionados con la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social -PPDIS:
Avances en la reglamentación de la Ley Estatutaria 1618 de 2013
A partir de la expedición de la Ley estatutaria 1618 de 2013, el Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado acciones encaminadas a la reglamentación de manera coordinada entre todas las entidades estatales de la mano con los y las representantes de la sociedad civil que hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad –SND.
La matriz de avances en la reglamentación de la Ley estatutaria 1618 de 2013,  es el resultado de la información suministrada por la institucionalidad de carácter nacional y analizada por los integrantes del Grupo de Enlace Sectorial, como instancia técnica del Sistema Nacional de Discapacidad. Recoge los aportes del sector público, privado, academia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a nivel nacional durante el proceso de reglamentación. 

Rehabilitacion basada en comunidad -RBC
Encuentros nacion territorio en torno a la discapacidad
Enfoque diferencial y discapacidad
Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad




Documentos

Nombre
Descripción
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad​
​La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue aprobada en Colombia mediante Ley 1346 de 2009, ratificada el 10 de mayo de 2011 y entro en vigor el 10 de junio de 2011. En la Convención se esbozan los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de las personas con discapacidad. Los Estados Miembros que han suscrito la Convención convienen en promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, así como el respeto sistemático de su dignidad inherente.
Documento CONPES social 166 de 2013
Este documento tiene como objetivo principal precisar los compromisos necesarios para la implementación de la “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad para Todos.
​Resumen
documentos CONPES social de 166 de 2013
​Este documento resume el CONPES Social 166 de 2013, el cual  se convierte en un importante insumo para orientar la formulación de políticas de discapacidad nacional, sectorial y territorial en pro de la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad



Política Publica Nacional De Discapacidad E Inclusion Social. Recuperado el 09 de marzo de 2016 de https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/politica-publica.aspx

¿Qué es el SND?


El Sistema Nacional de Discapacidad (SND), es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten​ la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en la Ley 1145 de 2007. Art. 2. Las normas t​​ienen por objeto impulsar la formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma coordinada con las entidades públicas nacionales, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.

La articulación del SND es fundamental y compleja por el gran número de instancias que lo conforman, y la gran diversidad institucional en el orden nacional además de su interacción internacional. Estos factores determinan un sinnúmero de interrelaciones potenciales, así como la formación de un gran número de estados posibles que el sistema puede alcanzar, considerando cada estad​​o como un patrón de interacciones específicas entre sus actores.​ 




El SND está conformado por cuatro niveles:​ ​​​​

1.    El ministerio de salud y protección social es el ente encargado de hacer las veces de  organismo rector del SND. 
2.    El consejo nacional de discapacidad,es un organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
3.    Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad (CDD), como niveles intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento de la Política Pública en Discapacidad.
4.    Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad (CMD o CLD) como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública de discapacidad.


La instancia de coordinación y concertación inter e intrasectorial de las políticas de la discapacidad emanadas de los CDD y CMD o CLD son los respectivos Consejos Territoriales de Política Social (CTPS), de los cuales debe hacer parte un representante de la población con discapacidad, elegido por cada uno de los respectivos comités territoriales.
​Los grupos enlace sectorial son la instancia de enlace entre lo público y las organizaciones no gubernamentales.

Sistema Nacional de Discapacidad .Tomado el 9 de marzo del 2016 de https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/sistema-nacional-discapacidad.aspx

 

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